Belén Arribas es abogada especializada en tecnologías de la comunicación y derecho comercial. Como consultora y asesora legal independiente, cuenta con una amplia trayectoria en derecho digital, de sociedades y mercantil; protección de datos, propiedad intelectual y cumplimiento normativo, incluyendo sectores innovadores como Blockchain, Inteligencia Artificial, IoT, Big Data, ciberseguridad, entre otros.
Es presidenta de la Federación Internacional de Asociaciones Informáticas (IFCLA), fundada en diciembre de 1984 con el objetivo de promover colaboración internacional e intercambio de información en derecho informático; y vicepresidenta de ENATIC, la Asociación de la Abogacía Digital para la Transformación Digital. Ex miembro del Consejo de Transformación del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Belén Arribas fue la primera abogada española de la Junta de Directores de la Asociación Internacional de Derecho Informático (ITechLaw).
En 2020 Belén fue reconocida por ‘Best Lawyers’ como una de las líderes más influyentes en IT y Protección de Datos y Privacidad.
Eres una firme defensora de la transformación digital en el derecho. ¿Por qué es crucial promover un sistema legislativo más digitalizado?
Preferiría decir que es importante construir sistemas legislativos digitales sólidos. Tenemos regulaciones digitales en casi todo el mundo. Existe el mito de que no hay una ley que rija Internet; incluso en el metaverso, se aplican términos y condiciones. Las leyes tanto de Panamá, California como de Hong Kong se establecen como leyes rectoras, y distintas cortes y tribunales se encargan de resolver conflictos. La cuestión es cuánto se adecuan estas leyes y jurisdicciones locales a un contexto nuevo en el que toda interacción es transnacional, globalizada y omnimodal.
¿Cómo debería abordarse la transformación digital en el derecho, entonces?
Dentro del sector público y privado, existen diferentes velocidades en la transformación digital y diferencias significativas dependiendo de la geografía, la geopolítica y la tradición
del estado del derecho (o la falta de este). La profesión legal, el poder judicial y el ecosistema legal en general deben hacer frente a las transformaciones económicas y sociales, como la disrupción.
¿Qué papel desempeña la privacidad de datos en este salto digital?
Uno muy crucial, de hecho. El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es la primera regulación con un efecto más allá de las fronteras de la Unión Europea; está destinada a aplicarse a empresas de todo el mundo que ofrezcan servicios a ciudadanos que vivan en la UE. Algunos académicos han señalado que la GDPR no será suficiente para afrontar los problemas que el metaverso posará en el largo plazo. Proponen promulgar primero una Directiva general sobre privacidad de datos con principios generales, y leyes de privacidad específicas relacionadas con la tecnología a posteriori.
¿Qué estaría en juego si no se garantiza la privacidad de datos en el nuevo sistema legal?
La confidencialidad y la privacidad de los usuarios estarían en peligro, sobre todo si vamos adelante con estos entornos inmersivos donde se compartirán no sólo datos personales, sino todo tipo de datos relacionados con nuestras interacciones con lo virtual. El consentimiento informado como hasta ahora no será suficiente, y será imprescindible el consentimiento específico para compartir y ceder todo tipo de datos.
¿Podrías nombrar un buen ejemplo de práctica legal digital?
Cada vez más bufetes de abogados se están transformando digitalmente. No se trata de una cuestión de tamaño o sofisticación, sino de mentalidad y visión. Las herramientas utilizadas por los bufetes de abogados incluyen la automatización de documentos, firma digital, herramientas de inteligencia artificial, almacenamiento en la nube, herramientas de colaboración entre cliente y bufete, y plataformas de investigación legal. La transformación digital permitirá una mayor eficiencia, mejor comunicación, automatización de tareas repetitivas, una mayor seguridad de los datos, accesibilidad para todo el equipo y ahorro de costos generales del bufete de abogados. Lo que falta ahora es una administración de la justicia transformada digitalmente.
Estamos presenciando un escenario en el que las tecnologías emergentes están teniendo implicaciones potenciales en la manera en que la sociedad digital está evolucionando. Vivir online puede impactar de nuevas formas en cómo trabajamos, aprendemos e interactuamos, y estar conectados podría conducirnos a experiencias híbridas más comunes en nuestro día a día. ¿Cómo está transformando la tecnología nuestra relación con el sistema legal en concreto?
Desde blockchain y contratos inteligentes hasta el metaverso, las tecnologías disruptivas están desafiando el sistema legal. Ya lo decía el profesor de derecho y académico Lawrence Lessig, ‘El código es ley’. En la actualidad, y con el objetivo de contrarrestar esta tendencia, un movimiento liderado por ciertos practicantes reclama un incremento o refuerzo del estado de derecho en nuestras sociedades. Otra tendencia que surge de la necesidad de regular el metaverso es la denominada “legislación binaria”: una futura legislación destinada a regular tanto la realidad virtual como la natural, su interacción y las consecuencias de la misma para cada contexto.
Nuestros hijos vivirán (o están viviendo ya) en los entornos digitales inmersivos que se están discutiendo esta semana en el Mobile World Congress, y serán usuarios intensivos del Internet actual. ¿Por qué es fundamental crear una sociedad digital segura para los más pequeños y garantizar sus derechos digitales?
Como cualquier otro grupo vulnerable, deberíamos garantizar protección especial y salvaguardias a nuestros niños y niñas. Los derechos digitales recientemente promulgados son clave. Hay varias propuestas sobre la mesa provenientes de la Unión Europea, el gobierno de España y otras instancias internacionales. Adherirse y conocer estos principios es crucial. Los interesados deben cumplirlos y el público debe conocerlos y ejercerlos. La privacidad, de nuevo, será imprescindible.
¿Cómo se deberían prevenir cuestiones relacionadas con la privacidad, conflictos de identidad digital o abuso?
Existe consenso en que debemos pasar del paradigma del anonimato al de la identificación en el uso del Internet 3.0. Actualmente están en marcha proyectos en el ámbito público, como la Infraestructura Europea de Servicios Blockchain (EBSI), y muchos otros provenientes de iniciativas privadas. El uso futuro de los llamados ‘monederos de identidad’ permitirá a los ciudadanos identificarse adecuadamente pero solo en la medida necesaria, es decir, compartir solo los datos que uno requiere en un contexto determinado. Blockchain y otras tecnologías DLT son fundamentales para eso.
Últimamente ha habido un amplio debate sobre el lado más oscuro de la tecnología. ¿Cómo podemos garantizar una tecnología más confiable y qué papel pueden desempeñar los actores públicos y privados para aumentar la confianza en las TIC, especialmente para nuestros niños?
Los poderes públicos tienen encomendada actualmente la promulgación de leyes y regulaciones, que llegan mucho más tarde que la realidad socioeconómica que pretenden regular. En la última década, hemos sido testigos de una mayor participación de actores privados en el proceso de elaboración de leyes, desde la autorregulación hasta los códigos de práctica e incluyendo la participación directa de actores del sector en los sistemas sandbox, por ejemplo. Las administraciones necesitan aprender de la industria, y la
industria debe adherirse a ciertas reglas y principios, incluida la ética. En la protección de menores esto es especialmente relevante ya que ellos, como nativos digitales, confían en la tecnología de una forma muy natural y nada crítica. Es por ello que abogamos por un ‘new deal’ como lo es la aprobación de la Carta de los Derechos Digitales, que por cierto propone el Gobierno de España y a la que esperamos que haya el mayor número posible de adhesiones.