Facebook ha admitido su papel en el genocidio de los Rohingya. Según The New York Times, “la campaña […] incluyó cientos de personal militar que crearon cuentas troll y páginas de noticias y celebridades en Facebook”. ¿Cómo impactan las redes sociales las democracias en todo el mundo?
¿Se genera así mayor desconfianza en los gobiernos?
Las redes sociales, ¿están haciendo suficientes esfuerzos para abordar este problema?
Las redes sociales han asumido el papel de fuentes de información, pero se niegan a contrastar el contenido que publican. ¿Deberían ser legalmente responsables de lo que publican, sobre todo en lo relacionado con el discurso del odio, acoso o incitación a la violencia?
¿Deberían regularse o incluso gobernarse?
¿Considera que violan leyes antimonopolio?
Laura Manley es la Directora del Proyecto Tecnología y Fines Públicos (TAPP) del Belfer Center for Science and International Affairs de la Universidad de Harvard. El TAPP Project fue fundado en 2018 por el antiguo Secretario de Defensa americano Ash Carter; en él, Manley dirige un equipo de investigadores y afiliados con el fin de garantizar que el desarrollo de las nuevas tecnologías no perjudica el bien común.
TAPP aúna los esfuerzos de una red de expertos de la Universidad de Harvard, el MIT y el Greater Boston Area con líderes en tecnología, gobernanza, empresa y sociedad civil.
Facebook ha admitido su papel en el genocidio de los Rohingya. Según The New York Times, “la campaña […] incluyó cientos de personal militar que crearon cuentas troll y páginas de noticias y celebridades en Facebook”. ¿Cómo impactan las redes sociales las democracias en todo el mundo?
Las redes sociales tienen un efecto profundamente negativo en las democracias.
Éstas dependen del acceso a la comprensión y el uso que el demos -la gente- tiene a la información para tomar decisiones sobre la sociedad en la que queremos vivir. Pero como demuestran innumerables estudios científicos, las personas simplemente no estamos programadas para actuar de forma perfectamente racional: reaccionamos más ante aquella información que nos asusta, nos indigna y se corresponde con nuestros sesgos y creencias.
Las redes sociales están incentivadas y diseñadas para explotar y obtener beneficio de estas tendencias humanas naturales. Se vuelven más valiosas cuanto más tiempo pasan sus usuarios online, cosa que sucede cuando están asustados, indignados o viendo de manera constante contenido que refuerza sus creencias, sea o no verdad.
¿Se genera así mayor desconfianza en los gobiernos?
Los resultados son predecibles. Cuando los usuarios ven información dirigida a ellos, perciben lo demás como mentiras.
Y cuando las redes sociales permiten que los políticos les paguen para diseminar mentiras -como hace Facebook con su política de anuncios electorales- siembran desconfianza y desacuerdo.
Está claro que las redes sociales ayudan a personas marginalizadas y aisladas a contectar unas con otras y crear comunidades virtuales que en la vida real serían difíciles de crear, incluso peligroso o imposible, y se han utilizado para coordinar amplios movimientos socialmente positivos en todo el mundo.
Pero, en general, resulta difícil defender que las redes sociales hayan apoyado la causa democrática en el mundo.
Las redes sociales, ¿están haciendo suficientes esfuerzos para abordar este problema?
Para nada. Han crecido tanto que ni siquiera está claro que pudieran hacerlo, en el caso de que quisieran.
Facebook también perjudica a las democracias permitiendo que florezcan en su plataforma contenido extremista y teorías de la conspiración. No hay más que mirar a al Facebook Top 10 diario.
Facebook fue un vector vital para que Rusia difundiera desinformación para interferir en las elecciones presidenciales de 2016; cerca de 100 operativos rusos llegaron a 150 millones de americanos con contenido diseñado para inflamar, distraer y desinformar. Es probable que otros países hagan lo mismo este año en sus campañas presidenciales, pero Facebook no ha tomado suficientes medidas para evitar que vuelva a suceder. Una de las medidas que ha tomado, la creación de un Oversight Board -Comité de Vigilancia- no se pondrá en marcha hasta después de las elecciones.
Las redes sociales han asumido el papel de fuentes de información, pero se niegan a contrastar el contenido que publican. ¿Deberían ser legalmente responsables de lo que publican, sobre todo en lo relacionado con el discurso del odio, acoso o incitación a la violencia?
Sí, deberían ser legalmente responsables. Las redes sociales son vías por las que las noticias llegan a los usuarios; según el Pew Research Center, un 62% de los adultos de Estados Unidos reconocen informarse a través de ellas.
Otros medios de información, como los periódicos, rinden cuentas a nivel legal si publican información falsa.
Como cabría esperar, las redes sociales prefieren ser vistas como plataformas que albergan información que como editores, pues así quedan protegidos a nivel legal. Que son los algoritmos los que ‘publican’ esa información.
Las redes sociales son una tecnología relativamente novedosa, y los legisladores no han desarrollado la legislación específica. En su lugar, se les ha aplicado la sección 230 de la Communications Decency Act, aprobada en 1996, que dice que un “servicio informático interactivo” no puede ser tratado como un editor o como el portavoz de contenido de terceras partes. Esto protege a las webs de demandas si un usuario postea algo ilegal, aunque hay excepciones.
¿Deberían regularse o incluso gobernarse?
¡Desde luego!
Gracias a la regulación podemos estar seguros de que lo que comemos y bebemos no nos hará daño, podemos fiarnos de que la información que nos dan nuestros medios locales está contrastada y basada en hechos, y nuestros hijos pueden ver Barrio Sésamo sin que se les muestren anuncios de tabaco.
En estos momentos, los usuarios pasan 150 minutos al día en redes sociales. Se espera que estas alcancen los 3.430 millones de usuarios mensuales activos en 2023, cerca de un tercio de la población estimada del mundo. Dada el incomparable poder y alcance de estas plataformas en nuestra sociedad global, sería impensable que permanezcan absolutamente exentas de legislación.
¿Considera que violan leyes antimonopolio?
En los últimos años, Facebook cada vez se ve más como un monopolio que actúa de manera impropia para mantener su posición y poder económicos, lo cual hace que potencialmente pueda ser dividida. Sin embargo, las leyes judiciales antimonopolio de las últimas décadas se han basado en estándares de bienestar del consumidor -¿están siendo perjudicados por una subida de precios?- para dar curso a demandas antimonopolio. Para los usuarios, el precio de Facebook es cero, lo cual complica este abordaje de la cuestión.
A día de hoy, las Big Tech -grandes tecnológicas- son el Standard Oil de nuestra época. Tarde o temprano el gobierno tendrá que intervenir para proteger el bien común.
Tal y como hemos comprobado durante la historia, es posible crear nueva legislación que responda a los factores que hacen únicas a las Big Techs protegiendo a los consumidores al mismo tiempo, promoviendo la competencia y evitando que las compañías se vuelvan demasiado poderosas.
Pueden leer más sobre Big Tech y Democracia en nuestro reciente informe al respecto y saber más sobre el TAPP Project en BelferCenter.org/TAPP.